Panamá necesita más personas capacitadas en tecnología para convertirse en una economía digital

Panamá necesita más personas capacitadas en tecnología para convertirse en una economía digital
El país tiene talentos en el desarrollado aplicaciones, pero necesita una política de Estado en educación.| Archivo

Panamá requiere más profesionales involucrados en tecnología si aspira ser una economía digital como Estonia, que se convirtió en el primer país digital del mundo y la nación con mayor cantidad de empresas emergentes o startups per cápita del mundo, pese a tener una población de solo 1,3 millones de personas.

Hasta 1991, Estonia formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Urss), pero tras independizarse decidió apostar por la tecnología, siguiendo el ejemplo de Finlandia, país que había logrado un salto económico gracias a la creación de Nokia, una empresa que lideró la industria de los teléfonos celulares durante varios años.

Estonia generó el software que permitió la creación de la revolucionaria plataforma de comunicación, Skype. Cuando Microsoft lo compró por $8,500 millones, esos fondos se diversifican en el desarrollo de nuevas startups.

Hoy, Estonia es el país con mayor cantidad de starups per cápita del mundo. Entre ellas: Transferwise, Pipedrive, Cloutex y Starship, desarrolladora del robot delivery creado por los fundadores de Skype.

La primera acción que se toma desde el estado para iniciar está transformación fue el programa “Tiigrihüpe” para enseñar computación en las escuelas.

Hoy la programación es una parte esencial del plan de estudios de Estonia. Desde primer grado, de forma que las maestras les enseñan a los niños a programar.

El administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Irvin A. Halman, sostienen que Panamá tiene que trabajar como Estonia, en la capacitación de sus estudiantes para que puedan ser partícipes de ese futuro, sabiendo códigos, manejo de inteligencia de datos, aprendizaje de máquinas (Machine Learning) e Inteligencia Artificial (IA), lo que requiere conocimiento que hay que ir formando.

El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Israel Ruíz, opina que hay que “sentarnos a conversar sobre las causas de la deficiencia académicas, aunque el producto que llega a la UTP refleja buenos resultados”.

La secretaria general del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Aida M. Ureña, opina que Panamá necesita una política de Estado en educación, tema se ha dejado relegado. Además, se requiere que las empresas multinacionales realmente transfieran conocimiento a los panameños.

Halman considera que Panamá tiene que desarrollar un ecosistema digital de personas, ya que cuenta con muchos talentos que han desarrollado aplicaciones que se utilizan tanto en la empresa privada como en el sector gubernamental, pero falta aumentar la cantidad de personas involucradas en la tecnología si aspiramos a ser una economía digital.

Y como ejemplo, citó el caso de colaboradores de la AIG, egresados de la UTP, que crearon la plataforma tecnológica del Sistema Interoperable Nacional de Monitoreo y Gestión de Alertas (Sinma), que permite observar en tiempo real, las situaciones, eventos, emergencias y desastres, que acontecen en el país sobre los principales sectores: Riesgo, Salud, Agro, Seguridad, Alcaldía, Tráfico y Transporte, entre otros; a través de información de distintos dispositivos, sistemas, web-service (servicios web), sensores, capas de información GIS (Información georreferenciada) y alertas emitidas por dispositivos inteligentes.

La AIG posee los derechos patrimoniales del código fuente de Sinma, lo que permite utilizarlo de forma ilimitada por sus ciudadanos y servidores públicos; sin costo alguno, modificarlo según los necesitados de diversos proveedores e incluso co-crear nuevas innovaciones con otros países de la región.

Acercamiento con Estonia

El año pasado Panamá recibió la visita de Ilves Toomas, presidente de Estonia entre 2006 y 2016, quien resaltó que el uso de las tecnologías de la información en el sector público garantiza un gobierno abierto y transparente en donde sus ciudadanos pueden estar seguros de realizar trámites estatales totalmente digitales.

Durante la vista de Toomas, Panamá logró un intercambio de experiencia con las autoridades de Estonia sobre la gestión de las políticas públicas en torno al Gobierno Digital y se pudo conocer en más detalle e-Estonia, su plataforma para la interoperabilidad segura de datos, en la cual los ciudadanos pueden obtener información sobre quienes acceden a sus datos.

Además, mediante el uso de la identidad digital se tienen acceso a mas de 4,000 aplicaciones de interés como e-Salud, e-Notarías, e-Negocios, e-Gabinete, e-Justicia, e-Escuelas, e-Policía o e-Gabinete.

Halman dijo que, en el caso de la AIG, se espera terminar con 450 trámites en línea en el 2019, lo que permitirá un ahorro a cada ciudadano de $275 anuales, mientras que el Estado verá reducirse en $5.00 por cada usuario los $80 que gasta en la logística necesaria para atenderlos.

Además, informó que de 170 iniciativas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de instituciones del Estado en el 2014 se aumentó a 753 iniciativas en el 2017.

Gobierno digital

Panamá figura como el país de las Américas, de 20 evaluados, con el mayor avance en el Índice de Desarrollo de Gobierno Digital (Egdi) de 2018, de acuerdo con el reporte que sobre esta materia elabora bianualmente, desde 2001, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

El Egdi está compuesto por tres dimensiones (servicios online, infraestructura de comunicaciones y capital humano), las cuales suman en partes iguales a la clasificación.

En el caso de Panamá, la mejora más grande se obtuvo en el índice de e-Participación, el cual abarca el acceso de los ciudadanos a la información y los servicios públicos. Además, promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones.

El año pasado, la AIG anunció el lanzamiento de Panamá en Línea, para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y simplificar los procedimientos administrativos, incrementar el acceso al gobierno digital por parte de los ciudadanos con menores recursos.

El proyecto tiene un costo de $30 millones, de los cuales $22 millones serán financiados mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el resto $8 millones, será financiado directamente por el Gobierno.

Orlando Rivera
orriver22@hotmail.com
Especial para Capital Financiero

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