Gafi ignora avances de Panamá y la vuelve a colocar en su “lista gris”

Gafi ignora avances  de Panamá y la vuelve a colocar  en su “lista gris”
Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), dijo a Capital Financiero que el país tiene indicadores concisos y demostrables de sus esfuerzos regulatorios| Archivo

Desde el año 2014, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) incluyó por primera vez a Panamá en su lista gris, a la fecha, el país ha logrado demostrar 87% de cumplimiento en los estándares de transparencia financiera. ,

Sin embargo, estos avances que incluso reconoció el organismo en su reciente plenaria, no fueron suficientes: Gafi aprobó que Panamá fuera incluida en el “documento de cumplimiento” y quedara “bajo monitoreo”, términos técnicos que equivalen a la lista gris.

En concreto, el organismo en su sitio Web, y al término de la llamada Semana del Gafi, realizada  en Orlando, Florida, entre  el 19 y el 21 de junio, señaló que “ha identificado a Panamá como una jurisdicción con deficiencias estratégicas en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALD-CFT, por sus siglas en inglés)”.  

Indicó que el país “ha desarrollado un plan de acción con el Gafi para abordar las deficiencias más graves” y que el organismo “acogió con satisfacción el compromiso político de alto nivel de Panamá con este plan de acción” (Ver recuadro: Acciones propuestas por Gafi)

Panamá logró en 2016, en tiempo récord, salir de la lista gris. Ese año inició el proceso de evaluación que culminó con el reciente monitoreo.

De 40 recomendaciones, Panamá ha demostrado cumplimiento en 35, de acuerdo con el estándar de Gafi, de allí la inconformidad y el rechazo generalizado, de los sectores públicos y privados, ante esta acción que niega pasos importantes del país para reforzar su marco regulatorio del sector financiero y no financiero.

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; Ricardo Fernández, superintendente de Bancos; Luis Miguel Hincapié, vicecanciller de la República de Panamá; Patricia Quintero Cuevas, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y Elías Núñez Murillo, fiscal de la Procuraduría General de la Nación, expusieron los avances de Panamá, las acciones recomendadas por Gafi y los compromisos. 

La titular del MEF expresó que como país “hemos estado comprometidos en adecuar nuestro marco regulatorio” y el esfuerzo continúa al más alto nivel político.

Instó a la nueva administración gubernamental, que estuvo presente en la Asamblea de Gafi junto con el equipo actual del MEF, a culminar este proceso y seguir avanzando en el fortalecimiento de los estándares regulatorios.

El equipo detalló los logros de Panamá ante los nuevos lineamientos de Gafi, entre otras, la aprobación de la Ley 70 que tipifica el delito fiscal y fortalece el marco regulatorio sobre el beneficiario final.  

De igual modo, la SBP registra el incremento del 200% en las inspecciones, 67 procesos sancionatorios y $6 millones en multas impuestas. La Intendencia se creó en 2015 y a la fecha ha realizado 485 supervisiones en los sectores de alto riesgo, con más de $1 millón en multas.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha realizado 1,059 cooperaciones internacionales de beneficiario final y el Ministerio Público (MP) registra un incremento de 321% en las investigaciones de delitos relacionados al blanqueo de capitales, distintos al narcotráfico; 74% en sentencias condenatorias y $242 millones en dinero comisado por blanqueo de capitales.

Panamá se comprometió con el Gafi a reforzar su efectividad a partir de varias acciones: Fortalecer la Evaluación Nacional de Riesgo; identificar a los remitentes de dinero sin licencia asegurando sanciones efectivas; actualizar la información del beneficiario final, mecanismos eficaces de monitoreo de entidades offshore y evaluar los riesgos de uso indebido de personas jurídicas y prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales.

De igual modo, hacer uso efectivo de los productos de la UAF y demostrar capacidad para investigar el lavado de dinero que involucre delitos fiscales extranjeros.

Reacciones
Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de  la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), dijo a Capital Financiero que el país tiene indicadores concisos y demostrables de sus esfuerzos regulatorios.

Señaló que se impone la protección del sistema financiero, que es  “motor relevante de nuestra economía” y como gremio “apoyaremos al Gobierno de Panamá en la hoja de ruta que hemos trabajado”.

De Grimaldo indicó que la banca panameña tiene factores específicos que demostrar a la banca corresponsal en materia de progresos, y si bien reconoce que es difícil estar en una lista gris, espera que no se repita lo ocurrido en 2016 con la salida de las corresponsalías.

El superintendente Ricardo Fernández detalló que puede existir un impacto en el costo de fondos y encarecer el riesgo país, “pero si nos comparamos con el 2014, la óptica de los bancos y de las calificadoras de riesgo es distinta. De 74 corresponsalías perdidas tenemos 92”. 

Confía que el plan de acción y el compromiso permita que el país logre en el año de plazo fijado por Gafi, salir de la lista gris.

Samuel Alberto Moreno, presidente del Colegio de Economistas de Panamá (CEP), lamentó que no se reconocieron los esfuerzos del país y agregó que “los negociadores fueron un poco pasivos”.

Advirtió que la imagen país se afecta, hecho que repercute en la atracción de inversiones.

Moreno precisó que  entre las consecuencias de volver a ser incluidos en la lista gris figuran la   posible pérdida de corresponsalías, aumento en las tasas activas para los créditos bancarios y, por tanto, una subida en los costos de los bancos que serán trasladados a los clientes. 

Al  CEP  le preocupa el aumento en el riesgo país, un mayor costo en la deuda y un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que esperaban en 5% para 2019.

El abogado Álvaro Tomas señaló que la decisión del Gafi no  debe sorprender porque “el acoso a Panamá va más allá de los aspectos técnicos y legislativos. Hay mala fe de ciertas potencias europeas hacia nuestro país”, añadió. 

“Pretender que Panamá está al mismo nivel de políticas antilavado de Yemen es un insulto”. 

No hay duda que existe un aspecto político- diplomático  en que hemos fallado estrepitosamente como país”, indicó Tomas, además de señalar que la empresa privada “ha sido bastante ingenua aceptando imposiciones de afuera que violan, en muchos aspectos, la Constitución y los derechos humanos”.   

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) rechazó “la desafortunada decisión de incluir al país” en esta lista 

“Desconocer, en estos momentos, todas las acciones implementadas por el país es injusto. Estamos cerrando un periodo gubernamental que procedió con la revisión del marco legal y regulatorio; mientras que dio los primeros pasos para su aplicación. En este momento estamos por comenzar una nueva administración que debe reforzar su cumplimiento”, apuntó.

El gremio considera que todos los sectores del país, tanto públicos como privados, “debemos unir esfuerzos y plantearnos una estrategia de comunicación y cabildeo. 

Violeta Villar Liste
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

Más informaciones

Comente la noticia