Expertos estiman que aumentará fiscalización en materia de precios de transferencia

Expertos estiman que aumentará fiscalización en materia de precios de transferencia
Los fiscos intentarán lograr mayor tributación | Archivo

En un contexto global en el cual los Estados requieren mejorar sus ingresos, afectados por la crisis económica asociada a la pandemia, los expertos estiman que las autoridades tributarias aumentarán la fiscalización en materia de precios de transferencia.

José Luis Galíndez (Panamá), Tania Quispe-Mansilla (Perú), Frida Medrano (Panamá) y Carlos Pérez Gómez (México), expusieron distintas visiones a propósito del foro virtual Precios de transferencia: Modelos de negocios en el contexto del covid-19, organizado por la plataforma ConnecTax, Iesa y Capital Financiero, panel moderado por Reynaldo Díaz de ConnecTax.

El precio de transferencia es aquel que pactan las empresas para transferir entre ellas bienes, servicios o derechos y, al respecto, se han creado distintas normas para regular esta relación.

La Plataforma de Colaboración en materia Tributaria (PCT), iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo Banco Mundial (GBM), analiza que las normas sobre estos precios de transferencia “se aplican a los contribuyentes que realizan operaciones con partes asociadas”.

En la mayoría de los países, detallan, esas normas disponen que el beneficio imponible de estos contribuyentes se calcule conforme al principio de plena competencia, es decir, partiendo del supuesto de que el precio y las demás condiciones de las operaciones son los mismos que los que cabría esperar si las operaciones se realizaran entre partes no vinculadas (casa matriz y filiales son empresas vinculadas).

Tania Quispe-Mansilla señala que en general el fisco de cada país impondrá fuertes controles, porque además de los retrocesos en el Producto Interno Bruto (PIB), caerán las recaudaciones.

“Los fiscos tendrán una dura tarea porque deberán generar un control adecuado para evitar un mayor evasión y elusión en este proceso y a su vez darle la facilidad y el servicio adecuado al contribuyente para que pueda cumplir”.

Observa que las autoridades tributarias harán una primera segregación según los sectores más y menos golpeados por la pandemia y, en el caso de aquellos menos debilitados, deberán demostrar si hay pérdida de rentabilidad.

Señala, al respecto, varias complicaciones con respecto al principio de plena competencia porque lo habitual se ha roto en este contexto de fuerza mayor.

Recomienda a las empresas prepararse, tener una documentación clara y transparente de acuerdo con las decisiones que adopten con respecto a las vinculadas.

Carlos Pérez Gómez también coincide que existirá una mayor presión recaudatoria dada la situación de crisis, por lo cual “debemos considerar que viene una época post Beps (siglas en inglés de Erosión de la base imponible y traslado de beneficios), lo cual lleva a un compromiso de mayor eficiencia recaudatoria en este rubro de precios de transferencia”.

Dada la situación de la región y la complejidad de la materia, observó, las administraciones tributarias tiene la opción de auditorías en empresas con precios altos o buscar medidas más eficientes y generalizadas como publicar márgenes de referencia.

Recordó que los fiscos tienen ahora, a su disposición, herramientas con las cuales no contaban: las declaraciones maestras y el reporte país por país.

“Si una empresa presenta pérdidas locales, el fisco querrá ver si son del grupo y las estudiará”, dijo el especialista.

En relación con la documentación de los impactos económicos a efectos de los precios de transferencia, Frida Medrano, explicó que la empresa debe disponer de la documentación que se presenta de manera anual y las obligaciones conforme a cada país.

Es preciso, señaló la especialista, documentar cuáles han sido los impactos en las operaciones de la empresa, presentar análisis, identificar, si es el caso, temas de reestructuración y la conducta real, antes y después de los cambios.

De igual modo, detalló, determinar quién es el tomador de las decisiones; quién lleva los riesgos y a quién se le asigna la pérdida, datos y registros a disposición del fisco.

Analizó que si bien el principio de libre competencia es abierta, “en nuestra región las administraciones tributarias tienden, por falta de recursos, a implementar prácticas simplificadas de análisis de operaciones”.

José Luis Galíndez subraya que es necesario tener en cuenta los modelos de negocios, documentar las decisiones y mantenerlas de acuerdo con las exigencias de Ocde.

El experto está convencido que debido a la crisis del covid-19 “en América Latina viene una evolución de los precios de transferencia. De acuerdo con informes, el 70% del comercio lo llevaban las multinacionales, así que muchas jurisdicciones van a tratar de proteger la erosión de la base imponible”.

La lección, observa, es que las administraciones tributarias de Latam deben trabajar de manera colaborativa.

Galíndez considera que el camino conduce hacia la digitalización de las auditorías y la relación de confianza se va a replantear.

Por otra parte, la economía digital, en su perspectiva, impone nuevas estrategias porque muchos modelos de servicios operan en la nube y la pregunta es dónde y cómo van a tributar.

El mensaje, concluye Galíndez desde una perspectiva general, es que debe existir sustancia económica, ser más efectivos desde el punto de vista del cumplimiento y crear una auténtica comunidad tributaria.

Violeta Villar Liste
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

 

 

 

 

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