Acnur registró 7,122 solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos en Panamá

Acnur registró 7,122 solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos en Panamá
Colombia y Perú son los países de la región que reciben mayor número de emigrantes venezolanos| VOA

Datos de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señalan que hasta marzo de 2018, tenían registradas 7,122 solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos en Panamá.

También según datos de Acnur, en septiembre de 2018, 53,577 venezolanos estaban “acogidos en el país en otras formas legales de estancia”.

La agencia de la ONU tiene hasta octubre del año pasado, una estadística de 94,000 venezolanos en Panamá e infiere que todavía “hay un número importante de personas en situación irregular”.

Los datos están contenidos en un reciente informe de la Fundación Carolina, titulado La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas.

El estudio fue elaborado por los investigadores Diego Acosta, profesor de la Universidad de Bristol en Reino Unido; Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Luisa Feline Freier, profesora de la Universidad del Pacífico del Perú.

En la introducción del informe se explica que “si bien los datos no son siempre certeros, la emigración venezolana se ha disparado desde 2015 hasta alcanzar los más de tres millones de personas en el exterior”.

Esta cifra, señalan los investigadores, supone el mayor desplazamiento de personas en un periodo tan corto en la historia de América Latina y, por tanto, “un enorme desafío para las instituciones regionales, la sociedad civil y los gobiernos que buscan gestionar estos flujos y atender las necesidades de los migrantes y refugiados”.

La migración venezolana se disparó desde 2015

La migración venezolana se disparó desde 2015 | VOA

El documento, en líneas generales, aborda la respuesta jurídica y política que han dado a esta realidad los países de la región con particular presencia de venezolanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

En la investigación, al citar un informe del Migration Policy Institute (MPI), indican que son Colombia y Perú los países con mayor presencia de venezolanos: 1.100.000 y 635.000, respectivamente.

Por otra parte, para inicios de 2019, MPI registra “más de 250.000 venezolanos viviendo oficialmente en Ecuador; 130.000 en Argentina; 108.000 en Chile y 98.000 en Brasil”.

Como se observa, destacan los investigadores, los venezolanos han emigrado principalmente a países cercanos, que no han sido, con la excepción de Argentina, países de inmigración en las últimas décadas.

Al abordar la respuesta jurídica de Panamá ante la emigración venezolana, señalan que el país, junto con Bolivia y Chile, optaron por abrir procesos de regularización.

Si bien el Gobierno introdujo el requisito del visado en agosto de 2017, decidió atender la situación mediante la creación de la oficina de Asuntos Humanitarios para los Residentes Venezolanos (Doah) en octubre de 2017.

El estudio indica que “Panamá ha recibido 146.000 solicitudes de reagrupación familiar por motivos humanitarios y de unión familiar, de las cuales ha otorgado 44.000”.

El objetivo principal de estas visas, afirman, es atender las peticiones de visitas familiares temporales o el agrupamiento de los residentes ya regularizados en el país.

En la investigación se indica que el proceso de regularización iniciado en abril de 2018, permitió que a octubre de 2018, cerca de 37,000 venezolanos lograran estar de manera  legal en el país.

En general, el informe concluye que la mayoría de los países de la región han adoptado “durante las últimas dos décadas marcos legislativos en materia migratoria y de refugio conformes o superiores a los estándares internacionales”.

Sin embargo, en el caso de la migración venezolana,  “están optando principalmente por permisos de residencia especiales, de carácter temporal y basados, en la mayoría de los casos, en la discrecionalidad.

Esto genera una serie de problemas y abre interrogantes sobre la apertura, o no, de los Estados latinoamericanos”.

En el estudio se recomienda, entre otras estrategias regionales, evitar el cierre de las fronteras con requisitos difíciles de cumplir para evitar “el aumento de la inmigración irregular y a precarizar aún más la situación de la persona migrante”.

Proponen eliminar trabas burocráticas, aumentar recursos para las administraciones, debatir la aplicación de la definición de refugiado de Cartagena, evitar cobro de tasas o multas desproporcionadas y “permitir que el tiempo de residencia bajo permisos temporales cuente para el cómputo necesario al optar a la nacionalidad”.

De igual modo se inclinan por “trabajar en políticas integrales sobre migración y refugio”, promoviendo inclusión en los distintos ámbitos, moderar los discursos políticos y mejorar la coordinación de las respuestas regionales.

Violeta Villar Liste
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

 

 

 

Más informaciones

Comente la noticia

Ver todas las noticias